Todas las personas preocupadas por cuestiones relacionadas con la nutrición y la alimentación saludable se escandalizaron ante la decisión de la Comunidad de Madrid de conceder contratos a Telepizza y Rodilla para dar de comer a las familias vulnerables durante el Estado de Alarma. Desde Garúa denunciamos este despropósito alimentario y económico, pues reforzaba los peores hábitos alimentarios de la población más afectada, suponía un despilfarro de recursos públicos y reforzaba las peores dinámicas del sistema alimentario.
Madrid ha sido la única comunidad autónoma de todo el país que ha dado este paso, disfrazando una voluntad política de cuestiones logísticas. Finalmente se va a pagar dos veces por este servicio, pues la Comunidad de Madrid se ha visto obligada a indemnizar a las empresas de comedores escolares de los centros educativos públicos no universitarios a lo que suspendió el contrato el pasado 11 de marzo.
Una vez finalizada la desescalada, la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión temporal de los contratos de los menús escolares sin reanudar el servicio, por lo que veinte mil trabajadoras han sido despedidas (mayoritariamente son mujeres) quedando fuera de las ayudas especiales tramitadas durante el Estado de Alarma. Las empresas de comedor que lo soliciten dispondrán de una prórroga por un año más del contrato ante las anomalías vividas este curso.
¿Y el nuevo curso? Pues si no hay rebrotes de consideración, el curso se desarrollará con relativa normalidad en lo que a la alimentación se refiere. En caso de un agravamiento moderado de la situación sanitaria, se presenta un escenario de semipresencialidad en el que se suprimirían los recreos y el comedor escolar aunque la comida se haría en los colegios y los alumnos se las llevarían a casa. Podría limitarse además grupos a no más de 20 alumnos en principio.
Quienes hemos estado impulsando procesos de transición hacia comedores escolares saludables y sostenibles, vemos que ante el nivel de incertidumbre existente se puedan dar pasos atrás en muchos de los cambios conseguidos. Una oportunidad para desplazar de la esfera pública estas demandas, en un momento en que deberíamos resaltar la importancia de comer de forma saludable, para las personas y para el planeta.
Las evidencias científicas plantean que la alteración del equilibrio de los sistemas naturales por destrucción directa de hábitats, pérdida de biodiversidad, tráfico de especies, intensificación agrícola y ganadera, y los efectos amplificadores del cambio climático, aumentan notablemente el riesgo de aparición de enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano. La solución pasa por frenar la extinción, mantener la integridad de los ecosistemas, reducir nuestra huella ecológica, luchar contra el cambio climático y asumir que nuestra salud depende de la salud del planeta. Y la alimentación es una de las formas más efectivas de hacerlo.
Las comunidades educativas deberán de velar porque el servicio de comedor no se vea mermado, así como porque el derecho a una alimentación digna de las personas más vulnerables no vuelva a verse menoscabado. Y en la medida de lo posible consolidar o profundiar las transiciones ecosociales en marcha. Un reto añadido a una vuelta al cole cargada de incertidumbres.
