Presentado el 31 de enero en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley sobre alimentos de los Estados Generales de Alimentación quiere restablecer el equilibrio de las relaciones comerciales entre los sectores agrícolas, el sector agroalimentario y los actores de la distribución de una por un lado, y actuar por una dieta saludable y sostenible, accesible para todos, por el otro. Es en este aspecto por el que se utiliza la restauración pública, como “parte en la promoción de un alimento mejor y más sostenible”, se lee en el preámbulo del texto.

El 20% de productos orgánicos en catering

Para el año 2022, la restauración pública deberá servir a “una parte significativa de los productos resultantes de la agricultura ecológica, o beneficiarse de otros signos de calidad o mencionar cualidades o tener características equivalentes, o adquirida teniendo en cuenta el costo de ciclo de vida del producto “. El ministerio de Stéphane Travert especifica que el objetivo es alcanzar una tasa del 50% de los productos adquiridos que cumplan una de estas condiciones para 2022, incluyendo al menos el 20% de los productos de la agricultura ecológica. Estas tasas se fijarán mediante un decreto en el Consejo de Estado que especificará el período de referencia tomado en cuenta para apreciar el cumplimiento de esta obligación y fijará una etapa intermedia. (Artículo 11).

Lucha contra los desechos de alimentos

La realización de un diagnóstico previo al enfoque para luchar contra el desperdicio de alimentos planeado se impondrá a los actores de la restauración colectiva, pública y privada. También se involucrarán los operadores de agronegocios, en la obligación de transferir sus productos no vendidos a organizaciones de caridad autorizadas. Una extensión de la ley Garot que se deriva de las propuestas emitidas por el taller dedicado al desperdicio de alimentos durante los Estados Generales de los Alimentos. (Artículo 12).

Las asociaciones comprometidas en favor de una restauración colectiva en favor del uso de productos orgánicos reaccionaron de inmediato al texto del gobierno. La FNH (Fundación para la Naturaleza y para la Humanidad) pide que el umbral del 50% de los productos sostenibles se consagre en la ley y la proporción de bio elevado al 30%. Al señalar una “ley sin restricciones ni incentivos financieros”, Un Plus Bio denuncia un “riesgo de inercia legislativa”.

Noticia publicada en MENSA CIVICA.