El periódico El País recogía recientemente, en un artículo, que cada vez más madres y padres exigen cocinas en los colegios para desterrar el ‘catering’ (aunque este servicio continúa siendo mayoritario) y lo calificaba como una “realidad pujante”.

Además mostraba el caso del comedor del colegio público San Bartolomé, en Fresnedillas de la Oliva, un pueblo de 2.800 habitantes en la sierra oeste de Madrid. Hace cuatro años, cuando no había cocinero, la comida llegaba en bandejas, ahora cuentan con un chef que hace menús mucho más saludables. Este colegio es uno de los centros escolares que han participado en el proyecto de la cooperativa Garua, Alimentar el cambio, en el curso 2016-2017.

También recogía el caso de Valderrobles (Teruel), donde algunos padres del colegio público Vicente Ferrer emprendieron en 2016 una batalla para que hubiera cocina. Lo consiguieron, y desde el curso pasado la gestiona una empresa de restauración en vez de servir catering, porque en Aragón éste se encuentra en retroceso ya que el Gobierno autonómico construirá este año cocinas en nueve centros.

También el mencionado diario recogía que el 60% de los colegios públicos de nueve autonomías no se cocina, es un dato sacado del informe Los comedores escolares en España elaborado este año por la ONG Del Campo al Cole en colaboración con la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) y Carro de Combate, según el cual cuatro empresas se reparten el 70% de los comedores.

Las comunidades con los precios más altos son Baleares, donde el menú escolar cuesta 6,50 euros, en Cataluña 6,20 euros y en Navarra 6,25 euros. En cambio Canarias y Melilla son las autonomías con los menús más económicos, con tres euros por día de comedor. Los precios de los menús escolares se congelaron en el curso 2017-2018, tras años de subidas y en este curso casi todas las comunidades, entre ellas Madrid, han mantenido los precios, excepto en Canarias, donde han bajado, y en Baleares, Extremadura y La Rioja donde han subido.

Frente a las declaraciones de Serunion que aseguraba en el artículo que aunque lo habitual es que la comida se consuma en una semana, pueden transcurrir hasta 20 días e incidían en que eso no merma la calidad. El País también recogía que Ceapa reprocha la falta de transparencia porque ninguna empresa desvela la composición de los menús escolares, cuando por ejemplo en Francia en casi todas las ciudades se puede consultar online el menú escolar mensual.

En España la normativa exige que un nutricionista paute la dieta pero están contratados por las empresas de restauración lo que para el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Miguel Ardanuy, es una trampa, como citaba el diario, ya que el profesional no es neutral. Este diputado defendió una propuesta que no prosperó. Como informamos en este blog en el post: Una pérdida de oportunidad: rechazan en la Asamblea de Madrid debatir una ley de compra pública que fomente los alimentos saludables y sostenibles

En el artículo se recogen tamibén declaraciones del profesor de la Universidad de Barcelona Jesús Contreras que dirigió en 2012 un estudio en el observatorio de la alimentación de esta universidad que abordó la composición de 50 menús escolares y que alerta de las diferencias entre lo que se programa y lo que comen los menores. Para este especialista lo importante es que pase poco tiempo desde que se prepara la comida y que los ingredientes sean frescos.

También se da voz a la ONG Del Campo al Cole y a Julia Del Valle una de las madres de Fresnedillas que más ha peleado para recuperar la cocina. Ella narra al periódico que a los niñosy niñas no les gustaba la comida de la línea fría porque no era apetecible pero que ahora con la que elabora el cocinero comen con más ganas y además los padres y madres se junta con la directora del centro y el chef para sugerir cambios en los menús a Mediterránea, la empresa que gestiona la cocina. En ese centro el plato estrella es la lasaña de verduras, han conseguido que los alumnos y alumnas disfruten de la comida sana y recién hecha.

Enlace original: https://elpais.com/sociedad/2018/09/21/actualidad/1537524041_150402.html?id_externo_rsoc=FB_CC