Ayer jueves 20 de septiembre en la Asamblea de Madrid, Podemos llevó una propuesta de ley sobre compra pública alimentaria saludable y sostenible para poder comenzar a debatir esta cuestión y perfilar una futura normativa madrileña al respecto que sólo obtuvo el apoyo del grupo socialista quedando rechazada.
La compra pública en España se realiza de forma descentralizada por parte de las comunidades autónomas, ministerios, municipios, etc., alcanzando los 130.000 millones de euros anuales y a 10.000 compradores. Concretamente la alimentaria supone entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales, 57% se realiza para comedores, cantinas. etc, de educación básica; 13% para educación superior, 25% para los sistemas hospitalarios, 4% para las fuerzas armadas y 1% para centros penitenciarios, pero sólo ocho empresas se reparten esta restauración colectiva (Serunion, Compass Group, Aramark, Ausolan, Meditteranea, Sodexo, Clece e ISS Foodservice).
Tanto PP como Ciudadanos no quisieron aceptar el borrador a trámite. El primero alegando que supondría un sobrecoste y que se está realizando la contratación de forma adecuada. El segundo apelando al libre mercado y apoyándose en una pésima concepción de la legislación en materia de contratación pública.
Precisamente, en las jornadas informativas, Hacia un nuevo modelo de alimentación pública del día anterior, en la propia Asamblea de Madrid (a la que no acudieron ninguno de los mencionados grupos políticos), expertos reputados de diversas áreas (sanidad pública, contratación, educación, nutrición, etc.,) realizaron ponencias sobre ambas cuestiones quedando desmotados esos argumentos.
Isabel Fernández Cruz, representante de la Plataforma Ecocomedores Madrid, que participó en una de las mesas, fue uno de los actores sociales consultados en el proceso de elaboración de la Propuesta de Ley que incluía aspectos tan importantes y necesarios como los criterios que deben cumplir las empresas que gestionan los comedores escolares, el uso de alimentos de temporada, proximidad o ecológicos, así como limitar la ingesta de los procesados. También incorporaba medidas que fomentaban una mayor participación de las familias, la incorporación de dietistas nutricionistas independientes que velen por la calidad del servicio y para la educación alimentaria de las comunidades escolares.
Además, curiosamente en 2016 todos los grupos de la Asamblea, incluidos PP y Ciudadanos, apoyaron la Propuesta No de Ley PNL 146/2016 sobre contratación pública alimentaria con la que estuvieron conformes aunque luego el Gobierno regional lo ha ignorado hasta la fecha.
Las jornadas informativas del miércoles 18 de septiembre, presentadas por Íñigo Errejón y moderadas por Mónica García Gómez y Miguel Ardanui, contaron además con la participación de Tamara Montero Pérez, representante de Justicia Alimentaria; Javier de los Nietos, Alcalde de El Boalo, como representante de la Red Terrae; Begoña Fernández Ruiz, Directora General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid; Fernando Fernández, miembro del consejo editorial de la Revista SABC; Miguel Ángel Royo, experto en alimentación y salud pública; Aitor Sánchez García, dietista y nutricionista, autor de midietacojea.com y Elena Gamaza Muñoz, representante del colectivo Cambiando el Vending. Durante más de cuatro horas abordaron los beneficios para la salud, sanitarios, sociales, medioambientales, culturales y legales por los que una normativa sobre contratación pública alimentaria en Madrid es necesaria en espacios públicos como comedores escolares, hospitales, residencias y otros lugares comunes donde se despliegan máquinas expendedoras o se conceden licitaciones para cafeterías, caterings, etc.
Para Ecocomedores Madrid se ha perdido una gran oportunidad para conseguir modificar en el corto plazo la mala normativa actual tal y como demandan cientos de familias y organizaciones sociales. Las familias madrileñas pagan el 100% del servicio de comedor escolar pero apenas se les permite participar en la decisión de qué comen sus hijos y cómo afecta dicha comida a su salud, a la sociedad y a los ecosistemas.
No obstante, seguirán trabajando para impulsar que la compra de alimentos por parte de la administración sea una herramienta a favor de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, contra la desigualdad y para la buena salud de todas y todos los madrileños.
