El texto programático conocido ante la conformación del nuevo gobierno, fruto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, incorpora una serie de puntos que pueden resultar muy interesantes para la promoción de una alimentación escolar más saludable y sostenible; así como para impulsar transiciones agroecológicas en el sistema alimentario.

Del conjunto del acuerdo, el punto 4.14. sería el que de una forma más explícita se refiere a estas cuestiones, al afirmar:

Favoreceremos la compra pública de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos para potenciar la agricultura como un puntal de desarrollo rural. Se apoyará la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, así como la compra pública de alimentos de proximidad. Para ello, el Gobierno impulsará, en un plazo no superior a 8 meses, una reforma de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que favorezca la compra pública de alimentos de proximidad tanto en organismos de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y corporaciones locales, de acuerdo con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. En esta reforma se incorporará la compra prioritaria de alimentos de proximidad como uno de los posibles criterios medioambientales y sociales a considerar por los órganos de contratación para la evaluación de las ofertas.

En la parte relacionada con la lucha contra el cambio climático se hace referencia a cuestiones que también podrían vincularse al impulso de la agroecología:

3.11. Sostenibilidad del sector agroalimentario, forestal y del medio rural. Se llevarán a cabo medidas de asesoramiento de explotaciones agrarias para mejorar la sostenibilidad de la producción ganadera y la conservación de los suelos agrícolas. Igualmente, se revisará el Plan Forestal Español para una gestión y aprovechamiento sostenible de nuestros montes.

Además se plantean una serie de medidas en relación a los derechos de las personas consumidoras:

2.7.1. Propondremos una modificación de la Ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción.

2.7.2. Reduciremos el impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

Y es que para promover los cambios necesarios resulta determinante el papel de las Administraciones Públicas, mediante el uso de la compra pública como una herramienta capaz de apoyar el desarrollo de otros modelos económicos más inclusivos, innovadores y resilientes, como plantea la propia Unión Europea. Una quinta parte de la actividad económica, entre el 15 y el 20% del PIB de nuestros países, depende de la orientación que se dé a la contratación pública de bienes y servicios. Esto quiere decir que una quinta parte de la actividad económica está directamente relacionada con el papel que decidan tener las administraciones a través de los bienes y servicios que contratan o consumen; fomentando buenas o malas prácticas ambientales, siendo ejemplarizantes o no con las condiciones laborales, apoyando a las grandes corporaciones o apostando por las pequeñas empresas, incentivando u obviando los impactos ambientales.

Crucemos los dedos…