Es la región más rica de España y, sin embargo, la que menos invierte en el futuro de sus niños y niñas. Las familias de la región son las que más gastan en la educación de sus hijos/as, un 57% más que la media nacional. En 2016 gastó en cada escolar 4.496 euros, según los datos del estudio Diferencias educativas regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la peor cifra de toda España.

A pesar de que tener al alumnado agrupado en grandes municipios abarata en Madrid los costes en enseñanza —Castilla y León o Galicia hacen grandes esfuerzos en mantener sus escuelitas rurales—, hay evidentes carencias incontestables en su modelo, puesto que ocupa el último lugar en varios indicadores:

  • Un ordenador para cada cinco alumnos/as (1,4 en Extremadura).
  • 14 alumnos/as de ratio por profesor/a (10,4 en Galicia).
  • 1.600 docentes menos en plantilla que en 2011 con una precariedad laboral disparada.
  • Solo Hungría supera a Madrid como la región europea que más segrega, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid basado en el informe PISA.

El comedor y otras necesidades escolares, sufragado por las familias

Los hogares madrileños son también los que más se hacen cargo de gastos educativos (libros, materiales, transporte o extraescolares): 1.624 euros por alumno, un 57% más que la media nacional. El comedor escolar no es una excepción.

Mientras en casi todas las comunidades se financia una parte del servicio de comedor, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no es así (salvo en el caso de las familias becadas, cuyo número se ha reducido en los últimos años). Se establece un precio fijo por menú de 4,88 euros, que sufragan al 100% la mayor parte de las familias,  sin poder en cambio opinar sobre el servicio.

Las familias madrileñas están además “cautivas” en modalidades cerradas de comedor, vulnerándose su libertad de elección. Este agravio es especialmente flagrante en el caso de centros escolares construidos sin cocina, condenados a las comidas elaboradas en cocinas centrales y transportadas al centro. Y es que la normativa madrileña no contempla dos modalidades reconocidas por la normativa estatal y utilizadas en la mayoría de CC.AA españolas, como son: la gestión directa del comedor desde el centro con personal laboral de la administración, y los conciertos con otras entidades o instituciones (como las AMPA). Aquí, la regulación obliga a contratar el servicio de comedor escolar con una empresa externa que puede elaborar los menús tanto en cocinas centrales como en la del colegio. La Consejería de Educación se encarga de homologar a un conjunto de empresas, entre las que los colegios deben escoger su proveedor del servicio.

La ausencia de financiación pública al servicio de comedor escolar tiene implicaciones claras, que en todos los casos atentan contra la dimensión educativa y de promoción de la salud de este servicio público:

  • Limita el presupuesto para materias primas: incrementa las posibilidades de encontrar productos de baja calidad nutricional (carnes procesadas, pescados o productos procesados y ultraprocesados). La introducción de alimentos ecológicos, de temporada o proximidad (que no siempre tienen que suponer un sobreprecio respecto a los convencionales), resulta doblemente complicada en este contexto.
  • Ratios de personal en las cocinas insuficientes: reduce el uso de ingredientes frescos o determinadas elaboraciones, y erosiona unas condiciones laborales razonables.
  • Precariedad de las monitoras de comedor: en la mayoría de los casos desarrollan una labor de vigilancia y cuidado, al no tener las condiciones para desarrollar su hipotética función educativa.

Un ahorro que sale muy caro

Aunque el fracaso escolar ha bajado por debajo del 13% en los últimos años, hay una gran diferencia entre zonas: en los distritos del sur de Madrid puede alcanzar el 30%. Diferentes trabajos demuestran que el nivel de estudios de los padres condiciona el éxito escolar de sus hijos/as en el caso de Madrid, aspecto que una buena educación pública debería compensar…

De manera similar, la incidencia de sobrepeso/obesidad en niños/as en la ciudad de Madrid también se relaciona con su lugar de residencia. Los/as menores de los distritos más pobres (Sur de Madrid) presentan tasas de  sobrepeso/obesidad del 46,7%, sustancialmente mayores que los distritos de mayor desarrollo (34,7%). El  bajo nivel educativo de los progenitores es uno de los factores que de forma independiente presenta más riesgo para el exceso de peso de los menores.

Los servicios públicos, especialmente los educativos, deben estar dotados de recursos presupuestario para combatir este contexto de desigualdad. Es imprescindible contar con financiación pública (además de la aportación de las familias), para mejorar la dimensión educativa, nutricional y socioambiental de los comedores escolares. En la situación actual de abandono presupuestario desde la administración, se pierde la capacidad estratégica de este servicio público para lograr avances en la prevención de la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la mala alimentación, el impulso al sector primario y el medio rural regional, o la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La Escuela Concertada

El gasto en la escuela concertada (en manos privadas, pero mantenida con fondos públicos) y en subvenciones se ha multiplicado en la Comunidad de Madrid por 6,2 en dos décadas: de los 161 millones en 2009 a los 968 millones en 2018, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En España, de media, se ha multiplicado por 2,3. A los conciertos en primaria y secundaria se han sumado la Formación Profesional, los cheques-guardería —en lugar de construir escuelas infantiles públicas— y ahora se agregará el bachillerato. El pasado septiembre se anunció la inversión de ocho millones en becas para que “3.000 bachilleres de los entornos más desfavorecidos estudien en la concertada”.

El concierto hace años que no se actualiza, la partida que reciben los centros subvencionados es baja y la patronal se queja de que no cubre gastos (los profesores los paga directamente el Estado). Eso explicaría en su opinión la búsqueda de financiación adicional. Por una parte, extraer recursos de las cuotas de comedor escolar -normalmente más caro que en la escuela pública- lo que sin duda limita las posibilidades de mejora de este servicio, a pesar de esa mayor cuota. Y por otra,  la “cuota voluntaria” — no permitida por la ley, pues la enseñanza debe ser gratuita— que supone menos de 60 euros mensuales en los colegios religiosos tradicionales y hasta 500 euros en los nuevos, según un informe encargado a una auditora por los padres de la enseñanza pública (CEAPA). La ministra Isabel Celaá anunció en otoño un mayor control a la gestión de estos centros y cundió el miedo. Como reacción Escuelas Católicas ha lanzado una campaña para demostrar que “la concertada es sinónimo de libertad y pluralidad”.

En este contexto de auge de la nueva concertada, nació la trama de corrupción de Púnica, liderada por el hoy ex vicepresidente Francisco Granados que encontró un filón en la educación. Presuntamente este cobraba mordidas de miles de euros por ceder suelos de todos los madrileños a empresarios para levantar colegios. Cuatro de ellos están siendo investigados en la causa judicial abierta. A diferencia de otras comunidades, en Madrid se puede concertar un centro antes de edificarse. Eso ha llevado a que cientos de niños estudiasen en barracones mientras se construía su colegio, la mayoría ultracatólicos. Aunque son casos aislados porque la región no sufre la lacra de las aulas prefabricadas que no se ha solucionado en la Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía.

Para ampliar información: https://elpais.com/ccaa/2019/05/14/madrid/1557842765_406757.html