El pasado 29 de noviembre, con motivo del Manifiesto por una compra pública alimentaria sana y sostenible que presentó el 15 de noviembre, se celebró un mesa redonda sobre compra pública alimentaria en la Comunidad de Madrid entre representantes de los sectores más afectados y los políticos madrileños Ana Rodríguez Durán, Secretaria Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (de Ciudadanos); Miguel Ardanuy Pizarro, Vocal Comisión de Educación e Investigación (de Podemos); Mª Isabel Ardid Jiménez, Vicepresidenta Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (del PSOE) y Mª Isabel Redondo Alcaide, Presidenta de la Comisión de Educación e Investigación (del PP).

La mesa moderada por Abel Esteban, Responsable proyecto Alimentar el Cambio de la Cooperativa Garúa, e Itziar Marín, Directora CECU Madrid, contó en un primer bloque en el que Honorato Ortiz, Presidente AMASAP (Asociación madrileña de salud pública) e Isabel Fdez. Cruz, representante Ecocomedores Madrid, trasladaron las inquietudes sobre el desequilibrio en los menús escolares y de los servicios sanitarios madrileños, así como la necesidad de incluir productos frescos, de temporada, de proximidad y agroecológicos con una visión presupuestaria de inversión en salud y prevención de enfermedades derivadas por una mala alimentación, y como motor de generación de empleo en la Comunidad de Madrid, así como una herramienta educativa y de sensibilización sobre el sostenibilidad, nutrición y cultura local para los escolares.

   En la fila 0 estuvieron Gisella Olivares (Portavoz Mensa Cívica); Andrea Deodato (Representante Justicia Alimentaria); Rosario Novalbos Gómez (del AMPA CEIP Pinar de San José) y José Luis Cruz (de Imidra) que explicaron desde sus diferentes experiencias cómo ven posible llevar a la práctica una compra pública alimentaria saludable y sostenible, prestándose a colaboran con los representantes políticos para una futura normativa en la Comunidad.

   En el segundo bloque, Ivanna Martínez Baquero (Secretaria AGIM COAG), y Lucia Suárez (de Amigos de la Tierra Madrid) aportaron la perspectiva de los productores y medioambiental, abordando el impulso que ésta podría ser para pequeños y medianos productores, y emprendimientos madrileños, así como una herramienta medioambiental para atajar el cambio climático.

   Desde la Fila 0, Nieves Pérez del Corral (de Grillo Agroecológico) y Luis Ferreirim (Responsable Agricultura Greenpeace), explicaron que se podría proveer de manera progresiva la compra pública alimentaria madrileña, con productores locales y nacionales, y como además ésta tendría un impacto positivo respecto a las emisiones que tiene el modelo alimentario actual.

El tono de la mesa redonda fue distendido y dialogante, los representantes del Partido Socialista y Podemos estuvieron receptivos con las demandas ciudadanas y de los sectores profesionales, también de cara a sus programas electorales. La representante de Ciudadanos y la del PP confrontaron conciliadoramente con los agentes sociales las reticencias que mantuvieron para votar a favor la propuesta que se hizo en septiembre sobre Compra Pública Alimentaria en la Asamblea de Madrid, que no pudo prosperar por los votos de sus respectivos partidos, pese a que ambos estuvieron a favor de una PNL (Propuesta No de Ley) sobre el mismo asunto en 2016, aceptada unánimemente por todos los grupos madrileños, pero desatendida desde entonces.

Rodríguez Durán, de Ciudadanos, que comenzó la sesión defendiendo los hábitos saludables y el ejercicio físico, se mostró preocupada por los índices de obesidad infantil, y dijo que luchar contra ella es fundamental, así como que los comedores tiene una función importante, y que desde su grupo defienden un buen servicio de comedor para todos los alumnos. Reconoció que la nueva ley de contratos del sector público juega un papel fundamental y que hay que avanzar hacia los criterios sociales y medioambientales que propone al trasponer la directiva europea y revisar las pautas nutricionales que tanto Honorato Ortiz, Presidente AMASAP (Asociación madrileña de salud pública) e Isabel Fdez. Cruz, representante Ecocomedores Madrid, criticaron como antiguas y desfasadas.

Dijo que a su grupo no le quedó clara, si en la propuesta de ley de septiembre, con el término “circuito corto”, se referían a kilómetros de distancia o a número de intermediarios, y que era necesario acotar mejor ese concepto. También alegó que es esencial cumplir los principios de contratación de la directiva europea, entre ellos, la libertad de mercado, y explicó que no apoyaron el concreto ese texto, aunque si la PNL de 2016, porque no tenía encaje en nuestro marco autonómico ya que considera que se atribuye competencias que son del Estado. Pero que está de acuerdo con avanzar pensando en lo que une sin confrontar, y se pronunció a favor de promover através de la compra pública una alimentación más saludable y sostenible lo que supondría un importante cambio de criterio en la formación naranja.
Para Abel Esteban, “es un importante avance que los representantes políticos dejen de cuestionar la viabilidad jurídica de las propuestas de compra pública alimentaria sostenible y saludable, que precisamente responden a las orientaciones de la Comisión Europea, así como a las innovaciones de la nueva ley 9/2017 de contratos del sector público. Sorprende en cambio que todas las acciones promovidas desde el grupo de Ciudadanos en materia de salud y enumeradas en la mesa por su representante se centren exclusivamente en la promociónde la actividad física y eludan actuar en materia de alimentación, coincidiendo con la estrategia que la industria alimentaria lleva aplicando desde hace años mientras inunda los supermercados y la publicidad comercial de alimentos repletos de azúcar, grasas malas, sal y multitud de aditivos.”

Miguel Ardanuy Pizarro, de Podemos, lamento que la propuesta que lanzó su grupo no prosperara en septiembre, pese al apoyo del partido socialista, y recordó que las familias con menos recursos sufren tres veces más enfermedades derivadas de una mala alimentación, instando a que en los servicios públicos se promociones la alimentación saludable como herramienta de equidad y de salud pública. Abordó los conflictos de intereses que tiene la Fundación Española de Nutrición, que asesora a la Comunidad de Madrid, con grandes corporaciones que venden comida no saludable (Coca Cola, McDonald’s, Pizza Hut, etc.). Y dijo que Ciudadanos no ha hecho ninguna propuesta sobre alimentación en la Asamblea de Madrid.

Además apeló a que exista cuerpo de nutricionistas que desde la administración puedan valorar los menús que se dan en espacios públicos (escuelas, hospitales, etc.), más allá de cuerpo de veterinarios y farmacéuticos de la administración, que se ocupa de cuestiones de seguridad alimentaria, porque son las empresas las que contratan a sus propios nutricionistas. Y se mostró comprometido a llevar las demandas planteadas en el programa electoral de su grupo.

Mª Isabel Ardid Jiménez, del PSOE, manifestó que su grupo siempre ha defendido que los comedores colectivos de escuelas, hospitales, residencias, etc., de los servicios públicos sea de titularidad y gestión pública. Y comentó que la ley actual nacional de contratos ya permite que se realice la compra pública alimentaria en otras condiciones. Se mantuvo receptiva a fomentar el circuito corto en la compra pública alimentaria y lo ve viable porque enlaza con la necesidad del sector agrícola y ganadero de Madrid. Afirmó que en su programa electoral incluirán una compra pública con criterios de salud y de sostenibilidad.

Respecto a la propuesta de Podemos de septiembre que su grupo apoyó, añadió que les hubiera gustado hacer algunas enmiendas, pero que no tuvieron opción porque el PP y Ciudadanos no la quisieron debatir. También alegó a que las máquinas de vending deben en espacios públicos deben contener alimentos sanos, y defendió las cocina in situ en los servicios públicos. Y, en alusión al comentario de Ardanuy sobre la Fundación Española de Nutrición, dijo que los conflictos de intereses no se deben permitir.

Por su parte, Mª Isabel Redondo Alcaide, del PP, se escudó en que la ley entró en vigor en marzo pasado, y que tendrá efecto en el futuro. Que todos están de acuerdo en promover hábitos sanos y la lucha contra la obesidad, pero que la política es “el arte de lo posible” y que rechazaron la propuesta de Podemos porque no era viable puesto que no hay capacidad para ello, pero que hay que ir avanzando en esa línea, aunque no cree que sea realista hacerlo de inmediato, aunque dijo que en el futuro se va a mejorar ya que la ecología y lo verde ha venido para quedarse, además manfestó que está convencida que desde su partido se dará respuesta a ello.

La representante del Partido Popular justificó su voto en contra apelando, además de a las dificultades de suministro, a la responsabilidad de las familias frente a la de la administración en la alimentación de los y las madrileñas. Frente a estos argumentos, Isabel Fernández resaltó: “el papel estructural de los comedores escolares tanto en la adquisiciópn de hábitos alimentarios saludables, como en garantizar la comida principal de miles de escolares, en una región en la que 3 de cada 10 niños y niñas viven en riesgo de pobreza infantil y exclusión social”. Desde el sector poductivo, Nieves Pérez y las representantes de AGIM COAG y UGAMA coincidieron en poner en valor tanto la variedad de las producciones agrarias de calidad de las diferentes regiones madrileñas (carnes, hortalizas, cereal y legumbres, aceite, etc.) como la capacidad de satisfacer de manera creciente a la demanda generada desde la administración, siempre que se dé un trabajo adecuado de planificación y se generen incentivos como las políticas de compra pública demandadas en el manifiesto presentado.

El Manifiesto promovido por la Plataforma Ecocomedores Madrid, la Cooperativa Garúa (dentro de su proyecto Alimentar el Cambio), CECU, (Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid), Seo Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra Madrid, Justicia Alimentaria, AGIM COAG, AUPA, AMASAP (Asociación madrileña de salud pública), OCT (Observatorio Cultura y Territorio) y la FAPA Giner de los Ríos.

En los últimos días ha sido apoyado por más de 2500 ciudadanos y ciudadanas en change.org (https://bit.ly/2qKptS3), y suscrito por Greenpeace; UPA Madrid (Unión de Pequeños agricultores y Ganaderos), UGAMA (Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid); Ecosol; el AMPA Colegio BROTMadrid; el Espacio Danos Tiempo; la Plataforma por unos comedores de calidad de Aragón; CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional); Del Campo al Cole, el AMPA CEIP Gerardo Diego, AEA (Asociación Educación Ambiental Madrid), la Red de Huertos Comunitarios de Madrid; el AMPA CEIP Concepción Arenal y el AMPA Tomás Bretón.