En varias provincias españolas se están resistiendo a la gestión indirecta de los comedores escolares que no permite a las familias participar en la alimentación que sus hijos e hijas reciben en las escuelas. Desde la Cooperativa Garúa, y nuestro proyecto Alimentar el cambio, a través del cual desarrollamos labores de formación y acompañamiento en la transición a una alimentación escolar saludable y sostenible, insistimos siempre en lo importante que es este aspecto.
Uno de estos casos es el del Ayuntamiento de Vic (capital de la comarca de Osona, dentro de la provincia de Barcelona) donde diversas organizaciones se oponen al decreto que priva a las asociaciones de padres y madres de poder decidir sobre la gestión del comedor escolar, un modelo organizativo participativo que precisamente ha permitido que muchas escuelas en Cataluña (donde se permite la gestión directa y los consorcios) puedan optar por menús más saludables, respetuosos con el entorno social y medioambiental, así como por productos de cercanía y locales, como muchas organizaciones demandamos en Madrid donde sólo se posibilita la gestión indirecta.
El consistorio de Vic se ha posicionado en contra los trabajos de elaboración y aprobación del decreto de comedores que está impulsando el Departamento de Enseñanza, encabezado Josep Bargalló (ERC). La plataforma SOS Comedores de Osona llevó al pleno una moción para detener la iniciativa de enseñanza presentada por su portavoz aprobada por unanimidad, que pide que se detenga la elaboración del decreto.
El representante del AMPA Sentfores explicó que como padres y madres: «tenemos la mala costumbre de decidir sobre la alimentación y sobre el tiempo educativo de nuestros hijos. Un derecho que nos podría sacar este decreto o podría quedar en un papel secundario». Y señaló que las aparentemente buenas intenciones del articulado -inclusividad, productos de proximidad, de producción ecológica, etc- quedan diluidas cuando la gestión del espacio entra en concurso público y potencialmente se podrían gestionar por grandes empresas privadas. “Nos gustaría que se nos tuviera en cuenta”, dijo.
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