Europa Press recogía en la noticia este verano de que el precio de los comedores escolares de colegios públicos de la Comunidad de Madrid se mantiene congelado este curso 2018/2019.

Según explicó el Gobierno autonómico en un comunicado, esta media aplicada durante la legislatura supone una “clara apuesta por facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como mejorar la igualdad de oportunidades entre los madrileños”.

Además, subrayaban que son ya más de 193.000 los niños madrileños que comen cada día en los centros educativos públicos de la Comunidad y que se están beneficiando de esta iniciativa. El precio público del comedor escolar está fijado en 4,88 de euros al día.

El programa de ayudas de comedor escolar de la Comunidad de Madrid supone, para las familias que reúnen una serie de criterios socio económicos, una reducción del precio público del comedor escolar y una exención total para ciertos colectivos de familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Así, se establece el precio de 1 euro/día para el menú en el caso de las familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI); y de 3 euros para las familias víctimas del terrorismo o de violencia de género, para alumnos en acogimiento familiar y para familias con renta per cápita familiar inferior a 4.260 euros. Asimismo, están exentos del pago del precio del menú escolar los alumnos en situación de acogimiento residencial cuya tutela corresponde al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, así como los alumnos escolarizados al amparo de convenios suscritos con el citado Instituto, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Dirección General de la Mujer.

Familias cautivas

Sin embargo en la Comunidad de Madrid la regulación establece la obligación, salvo concierto con un Ayuntamiento, de que se contrate el servicio de comedor escolar con una empresa externa que puede elaborar los menús tanto en cocinas centrales como en la del colegio. La Consejería de Educación se encarga de homologar a un conjunto de empresas entre las que los colegios deben escoger su proveedor del servicio.

Por esa externalización obligatoria, la normativa madrileña no contempla dos modalidades reconocidas por la normativa estatal y utilizadas en la mayoría de CC.AA españolas, como son: la gestión directa del comedor desde el centro con personal laboral de la administración y los conciertos con otras entidades o instituciones (como las AMPA).

Además, mientras en casi todas las CC.AA se financia una parte del servicio de comedor, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no (salvo a un número decreciente de becas), se establece un precio fijo por menú de 4,88 euros y la mayor parte de las familias están “cautivas” al sufragar el 100% del servicio sin poder opinar sobre él, una vulneración de su libertad de elección.

También existen grandes carencias de participación de las familias, usuarias y pagadoras del servicio en el sistema madrileño, los Consejos escolares eligen a la gestora del servicio de comedor entre las homologadas por la administración. A la hora de decidir en dichos Consejos, el criterio de la Dirección prevalece frente al de los representantes de las familias. Las comunidades escolares no conocen los proyectos de las gestoras que se homologan, y a las familias no les suelen informar de los acuerdos alcanzados con ellas. Tampoco hay participación de representantes de las familias o comunidades escolares en la definición de los criterios exigidos a las gestoras en su proceso de homologación.

La Consejería de Educación tiene como socio estratégico (como asesor nutricional o evaluador “externo” del servicio) a la Fundación Española de Nutrición (FEN) en cuyo patronato, comisión ejecutiva y comité científico hay multitud de directivos o trabajadores/as de empresas comercializadoras de una amplia gama de productos no recomendables en alimentación infantil, como CocaCola[1], McDonalds, Nestle, Telepizza o Campofrío, entre otras muchas grandes empresas agroalimentarias. También está Serunión, gestora de miles de colectividades en España, y homologada por la propia administración, etc., lo que supone un claro conflicto de intereses.

Los criterios de homologación definidos por la Consejería otorgan al fomento de la alimentación ecológica, a los menús de temporada, a la gestión ambientalmente responsable, etc., un papel marginal, en una puntuación de 1 sobre 100. En cambio, el Ayuntamiento de Madrid (en las Escuelas Infantiles) concede hasta 10 puntos por la incorporación de alimentos ecológicos y de circuito corto; en Andalucía y Aragón distintos criterios de carácter ambiental suman 30 puntos, en Cantabria 20 y hasta 45 en algunas comarcas de Cataluña. La Directiva 2014/24/UE recomienda a los poderes adjudicatarios que a la hora de decantarse por la mejor oferta en las licitaciones, sitúen la atención en los criterios verdes y no sólo en los costes básicos/económicos.

Enlace comentado: https://www.europapress.es/madrid/noticia-precio-comedores-escolares-comunidad-madrid-mantiene-congelado-proximo-curso-20180817111556.html

[1] https://elpais.com/elpais/2018/09/07/ciencia/1536332059_096535.html