El miércoles 18 de septiembre la Asamblea de Madrid, durante más de cuatro horas y con más de 90 asistentes, reunió a especialistas y agentes sociales para abordar la necesidad de tener una ley de compra pública alimentaria en Madrid alineada con la normativa europea y nacional para los espacios públicos como comedores escolares, hospitales, residencias y otros lugares comunes con máquinas expendedoras, cafeterías, caterings sujetos a licitación pública., etc.

En las dos mesas que conformaron el acto, los ponentes (desde sus diversos ámbitos de especialización y actuación) abordaron los beneficios en la salud individual, en la sanidad pública, sociales, medioambientales, culturales, económicos, educativos y legales que supone la compra pública alimentaria con criterios saludables y de sostenibilidad.

Una alimentación sana que beneficie a todos, no sólo a unos pocos…

En la primera mesa, denominada Instituciones y contratación pública, Tamara Montero Pérez, representante de Justicia Alimentaria, analizó el gran volumen de compra en alimentación que se hace desde entidades públicas, su falta de transparencia, cómo la mayoría va a parar a mayoristas (y concretamente ochos empresas) dejando fuera a las PYMES.

Entre otras cuestiones incidió en que la compra de circuito corto (directa al proveedor o sólo con un intermediario) mejora el impacto ambiental, apuesta por una redistribución más justa del presupuesto público, otorga un mayor y mejor acceso a productos sanos de calidad puesto que seis millones de personas enferman por los alimentos insanos, 60% de la población adulta española tiene sobre peso y un 40% de infantil. Problemas, que consideró, se debe de abordar desde la administraciones pues es además la población más vulnerable y las familias en mayor precariedad las que sufre más los efectos de una alimentación inadecuada.

Javier de los Nietos, Alcalde de El Boalo, representó a la Red Terrae formada en su mayoría por ayuntamientos del PP, por lo que cree que una compra pública alimentaria sostenible no es una cuestión ideológica, e incidió en un aspecto apuntado por Montero: la revalorización del mundo rural. Habló la necesidad de fortalecer la producción artesana en la Comunidad de Madrid (como ocurre en otras comunidades) y potenciar a los pequeños productores. Puso de ejemplo que un ganadero con menos de 1.800 animales queda fuera de la PAC y propuso una PAL (Plan Agroecológico Local) tomando como referencia el modelo francés.

Por su parte, Begoña Fernández Ruiz, Directora General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, profundizó en dos aspectos que habían salido a la luz: la necesidad de una ley madrileña de compra alimentaria con criterios sanos y sostenibles, alineada con la normativa europea y nacional, donde existan mecanismos de integración progresivos, y donde la oferta y la demanda confluyan para que no queden los concursos desiertos. Se refirió al caso del café de comercio justo, llevado a cabo cuando la Coordinadora Estatal de Comercio Justo manifestó que la oferta era suficiente.

También señaló la necesidad de establecer redes y ámbitos de comunicación para facilitar a los profesionales la contratación, y que ésta sea transparente. E hizo especial hincapié en cómo la contratación pública debe ser un mecanismo encaminado al bien común.

Este bloque de ponentes lo cerró Fernando Fernández, miembro del consejo editorial de la Revista SABC, que realizó un repaso histórico desde la creación de los primeros grupos de consumo hasta la actualidad, y aludió a cómo apelando a la “libre competencia” se denuncian muchos pliegos de licitaciones y compra pública dejando siempre fuera a los pequeños productores, cuando deberían ir encaminados a reforzar y reconstruir el sector. Además recordó que la Comisión Europea reconoce al sector agrario, por su función vital, como exento de esa libre competencia algo que en España no se cumple.

Responsabilidad pública y compra alimentaria

En la segunda mesa, con el nombre de Salud y sostenibilidad, Miguel Ángel Royo, experto en alimentación y salud pública, abordó la importancia en la salud pública de las políticas de contratación por la alta incidencia de la obesidad y otras enfermedades derivadas de una alimentación insana.

Apuntó que el 15 % de la población no ingiere las necesarias frutas, verduras y legumbres, y entorno al 50% no consume verduras, una situación que no se debe sólo a una cuestión de elecciones individuales sino a la amplia oferta omnipresente de productos insanos, a la presión de las marcas, de su marketing y publicidad, a la financiación de estudios que favorecen a las grandes industrias alimentarias, a la formación de profesionales muchas a través de las corporaciones alimentarias o de sus fondos, a fenómenos de puertas giratorias entre entes sanitarios y la industria, etc., factores que tiene una gran influencia en cómo nos alimentamos y en una narrativa que beneficia a la gran industria que insiste en el balance energético apelando a que no existen alimentos buenos o malos (cuando la OMS sí reconoce que los hay) y que culpabiliza a los ciudadanos y consumidores de sus elecciones perjudicando a las poblaciones más vulnerables, ante lo cual las políticas públicas deberían de actuar.

Aitor Sánchez García, dietista y nutricionista, autor midietacojea.com, se centró en los menús escolares analizando por qué son tan deficientes y llegando a la conclusión de que es la legislación la que permite aplicar criterios ineficaces, desfasados, ambiguos y mal diseñados donde tienen cabida menús insanos.

Además apeló a la necesidad de que expertos dietistas y nutricionistas independientes (no como la Asociación Española de Nutrición que posee conflictos de intereses con marcas que ofertan comida insalubre) hagan las recomendaciones, puesto que por cada euro invertido en ellos, existe un retorno de 38 euros para la sociedad en ahorro de gastos sanitarios al sistema y en medicinas.

Como ejemplo de pliegos bien diseñados para poder llevar a cabo la implementación de menús saludables destacó la edición de 2017 de Alimentación saludable en la etapa infantil, guía llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña, con criterios científicos no costumbristas, claros, concretos y con raciones sanas obligatorias.

Como el especialista anterior, resaltó la necesidad de crear entornos saludables donde se controlen las intervenciones de las marcas en el espacio público, en la publicidad, en las maquinas expendedoras, en la restauración colectiva de colegios, hospitales, residencias, etc., limitando los alimentos ultra-procesados y los refrescos, lo que supone un coste cero para los ciudadanos.

Elena Gamaza Muñoz, representante del colectivo Cambiando el Vending (creado por estudiantes de nutrición de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla) a través de diversas infografías, mostró los análisis que han implementado sobre la oferta alimentaria de las maquinas expendedoras en lugares públicos (centros educativos, deportivos, hospitales, etc.) donde constatan que no existen apenas alimentos saludables sino intereses económicos claros que priman sobre los sanitarios aunque son los segundos los que deberían de prevalecer cuando se trata de compras y/o licitaciones públicas en espacios comunes.

También abordó la falta de medidas por parte del estado y como legislativamente este tipo de máquinas dependen de las comunidades autónomas que se guían por la ambigua Estrategia Naos basada en porcentajes de macronutrientes que permite esa altamente deficiente oferta alimentaria.

Comedores escolares públicos más sanos y sostenibles en Madrid

Cerró las jornadas Isabel Fernández Cruz, representante de la Plataforma Ecocomedores Madrid, una plataforma ciudadana de madres y padres de las AMPAS de la comunidad de Madrid junto con asociaciones ecológicas y sociales que llevan tres años centrando su labor en los comedores escolares de la comunidad de Madrid compartiendo inquietudes, aprendizajes, sensibilizando e intentando influir para que se den cambios legislativos conducentes a que los niños y niñas madrileños reciban una alimentación sana y sostenible con criterios nutricionales, sociales, medioambientales y de cercanía.

Fernández Cruz abogó para que el espacio del comedor escolar sea una extensión de sistema educativo que posibilite que los alumnos y alumnas de adultos se alimenten de un modo responsable para su salud y la del planeta.

Y puesto que el porcentaje más alto de compra pública alimentaria está destinado a los centros escolares, manifestó que estos comedores son una gran oportunidad para el aprendizaje cultural del patrimonio alimentario local, además de para ayudar a paliar, también desde la escuela, las graves desigualdades alimentarias de los niños y niñas más desfavorecidos de la comunidad.

Esta madre comprometida apeló a que en el diseño de los pliegos de contrataciones públicas exista la colaboración de diversas consejerías (educación, medioambiente, economía, etc.), donde se den cabida también a las familias puesto que en la comunidad de Madrid pagan el 100 % del servicio de comedor pero no pueden opinar, ni decidir las empresas que les suministran.

También solicitó una revisión de los menús escolares para que además de sanos, acerquen la oferta de cercanía y reconozcan y den valor a la indispensable labor de los productores locales para que no reciban el porcentaje más exiguo de la cadena de abastecimiento sino que cobren lo que es justo posibilitándose un desarrollo agrario y un empuje para otros modelos de producción más sanos, sostenibles y redistributivos en Madrid.